(Desesperada porque el Gobierno de Alejandro Murat no ha cedido a sus chantajes, Lorena Merino, insiste en descalificar nuestras denuncias por corrupción. Urge que la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ejército investiguen el tráfico sexual de niñas y de armas que realiza la mafia encabezada por Lorena y Jorge Albino Ortiz).


No todo está perdido en México y en Oaxaca. Aún hay servidores públicos con clara vocación de servicio, como el Delegado de la Procuraduría Agraria (PA) en Oaxaca, Emmanuel López Vásquez.

Por primera vez en la historia agraria de Oaxaca un Delegado de la Procuraduría Agraria, se atreve a aventarse el trompo a la uña de comprometerse a depurar los Padrones Agrarios del Estado.

Frente a los 364 conflictos agrarios y 34 álgidos, considerados “focos rojos”, por el riesgo latente de enfrentamientos y masacres es de destacar la trascendencia histórica de esta positiva decisión.

Es un secreto a voces que algunos funcionarios presuntamente corruptos de la ex Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), hoy SEDATU, Procuraduría y Registro Agrario Nacional, incendian el campo mexicano con prefabricados conflictos.

En una perversa maniobra estos nefastos funcionarios corrompieron a los Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales al asesorarles para crear conflictos agrarios o bien, agravarlos, en todo México y más en Oaxaca.

La principal maniobra legaloide para manipular los acuerdos de las asambleas generales para imponer representantes agrarios, despojar y traficar con tierras sociales, ha sido los Padrones.

Las graves irregularidades legales por el manipuleo de los Padrones Agrarios no resiste la menor investigación, sin embargo, las actas de asamblea son avaladas por las autoridades agrarias.

De ahí la trascendencia del positivo impacto social, político y económico, de la decisión nunca antes tomada por la Procuraduría Agraria de depurar los Padrones Agrarios en el Estado.

Este mérito corresponde al actual Delegado de la Procuraduría Agraria en Oaxaca, Emmanuel López Vásquez, quien tiene visión y sensibilidad política y, sobre todo, compromiso social.

El pasado 21 de agosto, el Delegado de la Procuraduría Agraria firmó un Convenio con el Director Registro Civil, Christian Hernández Fuentes, para depurar los Padrones Agrarios en el Estado.

El objetivo es establecer las bases de coordinación, entre las partes para la realización de actividades destinadas a la regularización de actos del Estado Civil de los sujetos agrarios.

Asimismo, la difusión y promoción de los servicios del Registro Civil en los núcleos agrarios de la entidad, que permita a la población rural, contar con certeza jurídica en el Padrón de los Núcleos Agrarios y Comunales.

Como testigo de honor de la firma del convenio entre la Procuraduría Agraria y el Registro Civil fungió el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, José Octavio Tinajero Zenil.

De gran utilidad al Secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, resultaría restablecer el Sistema de Información Agraria, creado en el 2011 en el seno del Consejo Agrario Estatal, con el objeto de mantener vigente la información de la problemática de los núcleos agrarios del estado de Oaxaca. Su operación fue suspendida en el año 2015.

La propuesta surgió de la Junta de Conciliación Agraria y fue aprobada por parte de los integrantes de dicho Consejo: La Procuraduría Agraria, la SEDATU, el Registro Agrario Nacional, el INSUS antes CORETT, el CORETURO y el Tribunal Agrario Unitario de la jurisdicción del Centro del estado de Oaxaca. También participaron la delegación de la Secretaría de Gobernación y un representante de la Secretaria General de Gobierno del estado.

Como todo sistema, tenía por objeto mantener la información actualizada de todos los núcleos agrarios del estado. Cada uno de los integrantes contaba con un servidor público designado para proponer las modificaciones a los datos de la base de datos creada de acuerdo a su actuación.

Así, cuando alguna de las dependencias realzaba una reunión o era responsable de la misma, se responsabilizaba de poner los datos básicos de los resultados de la reunión y que se reflejaban en la minuta.

También se daban condiciones para que se expusieran resultados de alguna de las actuaciones institucionales o de parte de las asambleas generales, tales como sentencias, resultados del programa FANAR o actualización de censos de sujetos agrarios o de la creación de estatutos comunales, por ejemplo.

El sistema contaba con cuatro grandes apartados: El primero de ellos, se refería a la Información Básica del Núcleo Agrario. Se registraba claramente la documentación disponible de la carpeta básica, tales como la resolución presidencial el plano definitivo, el número de beneficiados y si tenía alguna acción de programas como el PROCEDE o FANAR o sí se encontraba sujeto bajo algún procedimiento jurídico que alterara sus derechos como núcleo.

El segundo apartado, daba cuenta de las condiciones sociales y políticas del núcleo, tales como la participación en alguna organización social partidaria y la relación con las autoridades político- administrativas. En complemento se contaba con un registro de las situaciones conflictivas en las que se encontraba inmerso.

El tercer apartado contenía, tal como se comentó, el seguimiento de lo actuado por parte de las dependencias o de los órganos de representación.

Por último, en caso de que existieran trabajos técnicos informativos, se contaba con una reproducción de los planos levantados y una interpretación de sus características por parte de los especialistas en topografía.

Con todo lo anterior era posible, en primer lugar, establecer una tipología de asuntos, definir la división del trabajo de acuerdo a las atribuciones de cada una de las dependencias y los métodos y procedimientos de trabajo interinstitucional para llevar a cabo actividades armonizadas y de carácter preventivo.

Alguien, desde quién sabe qué razonamiento y desde quién sabe qué capacidad de decisión, tomó la iniciativa de dar de baja dicho sistema. Desde luego, y en tanto sistema de trabajo informático, se encontraba bajo la definición de política de manejo informático de la Secretaría de Administración.

Dicha instancia decidió también su suspensión ante la falta de definiciones de las dependencias agrarias del Gobierno del estado, encabezado por Gabino Cué, y con la complicidad de las dependencias federales.

La nula voluntad política y la ceguera ante un problema tan delicado como es la cuestión agraria y territorial en el estado, hicieron a un lado un importante instrumento para la toma de decisiones.

alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila