En todo el país existe una honda preocupación, a raíz de la insistencia del senador Ricardo Monreal, de someter a consideración del pleno del Senado de la República, una iniciativa de ley para regular los contenidos de las redes sociales. Se trata, a todas luces, de un intento burdo de censura y de limitar la libertad de expresión que –insistimos- no es una gratuita concesión de ningún gobierno, menos de éste, sino una conquista del pueblo de México y de sus luchas libertarias.

Las luces de alerta ya se han encendido en algunos organismos internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). La organización considera que su aprobación derivaría en limitaciones a la libertad de expresión en el área digital. Y es que la iniciativa pretende reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y, entre otros aspectos, crear la figura de las "Autorizaciones para los servicios de redes sociales", que prevé un sistema de sanciones y multas sobre los contenidos que los usuarios cargan a las plataformas.

Esta aberrante idea surgió, luego del bloqueo en enero pasado, en las redes sociales, de las cuentas personales del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo cual ha llevado al surgimiento de iniciativas desproporcionadas para regular la información en esas plataformas, tal como muchas veces se ha intentado regular sobre los contenidos de los medios periodísticos. Los constantes ataques y descalificaciones hacia conocidos medios impresos y comunicadores, conllevan en el fondo, la idea de establecer un periodismo de Estado, basado sólo en loas y panegíricos al quehacer gubernamental.

Analistas de medios consideran que, la aprobación de una ley, sin las consultas obligadas, tan de moda en este régimen, podría generar un efecto boomerang, demoliendo décadas en las que, en México, se fue consolidando la libertad de expresión. La legislación y las políticas públicas sobre internet deben estar dirigidas a garantizar que el espacio digital sea abierto, neutral, accesible para todos y apegado a los derechos humanos. De los delitos existentes, como violación de la privacidad, pornografía, pederastia, difamación, entre otros, ya están contenidos en los códigos civiles y penales, por lo que carece de fundamento crear una especie de regulación para delitos digitales.

Expertos de la SIP insisten en que antes de legislar compulsivamente sobre esta materia, los operadores de tamaña infamia, hagan contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, entidades que ya crearon en años recientes varios documentos sobre libertad de expresión digital. (JPA)