Por lo visto, los conflictos agrarios siguen como un permanente dolor de cabeza para el gobierno de la Primavera Oaxaqueña, igual que fue en el pasado régimen y en los anteriores. El miércoles 17 de abril, la Fiscalía General del Estado inició tres carpetas de investigación, derivadas del conflicto que sostienen la Agencia Municipal de Santos Reyes Zochiquilazala y el Municipio de San Martín Peras, en la Mixteca oaxaqueña.

En dos hechos distintos, dos personas fueron lesionadas con disparos de armas de fuego, además de la agresión armada en contra de elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, que acudieron luego de la solicitud de auxilio de una de las comunidades involucradas. Se trata, desde luego, de un hecho premeditado, en el que debe haber responsables, confiados, seguramente, en que las llamadas mesas de diálogo dejan sin efecto dichas acciones criminales.

Hace unos días, el juez de Control, dictó sentencia en contra de dos presuntos involucrados en la masacre de 13 comuneros en Santa María Ecatepec, en julio de 2018. No obstante, se trata de un solo caso de decenas de homicidios dolosos en conflictos agrarios, en donde se ha detenido a los presuntos implicados. Nada más hay que ver, cuántos sujetos involucrados en hechos criminales entre los grupos triquis han sido consignados y recibido sentencia. Ahí la impunidad campea.

Y es que desde hace mucho se ha ido arrastrando la idea de que, antes de aplicar la ley, hay que agotar el diálogo y más diálogo. Obvio, pese a las evidencias, organizaciones o comunidades se victimizan. Se culpan entre sí y, en caso de que se decrete investigación para dar con los criminales, tienen en la movilización su mejor defensa. O se rasgan las vestiduras para denunciar violación a sus derechos humanos. He ahí el meollo de que la violencia no cese. No se aplica la ley.

Y ello resulta ser sumamente pernicioso para la gobernabilidad y la paz social. Y, desde luego, para la solución o tregua en los conflictos agrarios o entre organizaciones sociales. Si de este lado hay víctimas y los autores materiales o intelectuales no han recibido castigo, mañana pasado vendrá la venganza, haciendo de ello un cuento de nunca acabar. En el caso de Peras y Xochiquilazala que nos ocupa, no debe haber excepciones.

Porque de haberlas sentará un mal precedente entre otras poblaciones que libran conflictos similares y se pasan la vida velando armas. La sangre de las víctimas no debe ser motivo de arreglo político, sino de la aplicación simple y llana de la ley. Y ello debe ser el corolario de las pesquisas e investigaciones de la Fiscalía General. (JPA)