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Mecanismo de Protección a Periodistas, rotundo fiasco
Cuarta Plana
Viernes, 22 de marzo de 2019 07:03 hrs.
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El reportaje

 

La opinión

Oaxaca, Oax.- * Resulta cruelmente paradójico que un Estado parapolicíaco y cada vez más paramilitar, ignore la identidad de la mano negra que mece la cuna de la inseguridad y brutal violencia en el país.
* Los autores intelectuales deben estar muy ocupados en eliminar al sicario que balaceó a Hiram porque al verlo, el periodista puede identificarle y les pone en grave riesgo de ser inculpados.


(Al compañero fotoperiodista Sergio Priego Rodríguez, atropellado por la comitiva del presidente Andrés Manuel López Obrador a su llegada a Guelatao, para conmemorar el natalicio de Benito Juárez. Un abrazo solidario y pronta recuperación. ¡Condenamos la soberbia y arbitrariedad!)


No cabe duda que México en general y, en particular Oaxaca, son más que kafkianos. Son irónicamente absurdos. Cotidianamente su realidad es increíble y lo increíble se hace realidad.

México ha sido un Estado parapolicíaco y a la fecha paramilitar, debido al golpe de Estado técnico, dado desde el Congreso de la Unión para crear la Guardia Nacional que sustituirá al Ejército.

Es inconcebible y, sobre todo, condenable que por complacencia o complicidad, más que por ineptitud, se oculte la identidad intelectual y material de los agresores y asesinos de periodistas.

La violencia física, psíquica e institucional se ha convertido en una constante, en parte de nuestra cotidianeidad para acallar voces que hablan sobre temas de interés público, lo que es grave.

 
Pero es peor todavía que las acciones emprendidas hasta ahora por el Estado mexicano, con bombo y platillos, en defensa y protección de los periodistas, no sean más que mera simulación.

Ahí está el rotundo fracaso del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sus medidas cautelares son totalmente ineficientes por burocráticas.

Ejemplo concreto es el caso de nuestro compañero periodista Jesús Hiram Moreno, quien a pesar de contar con medidas cautelares del Mecanismo de Protección de Gobernación, fue balaceado.

La escandalosa corrupción que pudre a todas las instituciones nacionales, también pudrió las buenas intenciones de proteger a los periodistas. El Mecanismo de Segob es fuente corrupción.

Los Gobiernos federal, estatal y municipal, deben redoblar sus medidas de vigilancia, seguridad y protección del director del Semanario Evidencias, porque alcanzó a ver al sicario que le balaceó.

Los autores intelectuales deben estar muy preocupados y ocupados en eliminar al sicario porque su identificación por el periodista Jesús Hiram Moreno les pone en grave riesgo de ser inculpados.

Los investigadores estatales y federales deben estar muy pendientes de la aparición en cualquier momento de la probable ejecución del sicario agresor de Hiram para callarle y no dejar cabos sueltos.

 
Por tal motivo, deben tomar cartas en el asunto el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Urge que la Fiscalía General de la República atraiga el caso de nuestro compañero Jesús Hiram, dado que está incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Es ilógico que el Estado mexicano no conozca a los ganones del negocio de la inseguridad y la violencia. Los gobiernos de la mafia del poder del PRIAN y, ahora, del presidente AMLO y Morena, infiltran policías y militares en todos lados.

A quienes lo duden por ignorancia, escepticismo, amistad, parentesco, compadrazgo o abierta complicidad, ahí está la infiltración militar en la cuna guerrillera de la Normal de Ayotzinapa.

El normalista desaparecido Julio César López Patolzin era infiltrado de la Secretaría de la Defensa Nacional y hacía trabajos de inteligencia; un Coronel informó su desaparición a su madre.

Un video probaría que, hasta el último día de su vida, Julio César, estuvo en activo en el Ejército y desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, hacía trabajos de inteligencia.

Al desaparecer, estaba en activo en el Ejército, tenía un año de antigüedad, y daba información a la Mesa de Inteligencia del Batallón 50 con sede en Chilpancingo, Guerrero. Era un infiltrado en Ayotzinapa.

En el video del 29 de septiembre de 2014, la madre de Julio César, Joaquina Patolzin de la Cruz, recibe la noticia que probablemente su hijo habría muerto, por el Coronel de Infantería, Gregorio Espinoza Toledo.

 
El oficial Diplomado de Estado Mayor, además de dar la mala noticia a la madre de Julio César, entrega un sobre con más de 5 mil pesos, correspondientes a la quincena pendiente del joven desaparecido.

En otro video se observa Joaquina Patolzin de la Cruz en la toma de muestras de sangre, las cuales se contrastaron con los restos humanos encontrado en el fondo el río Cocula, hecha por un médico militar.

En tales condiciones, resulta cruelmente paradójico que los diversos órdenes de gobierno ignoren la identidad de la mano negra que mece la cuna de la inseguridad y brutal violencia en el país.

Es inconcebible que el trabajo de inteligencia que realiza el Estado mexicano, parapolicíaco y paramilitar, no cuente con información sobre los verdaderos “padrinos” del hampa organizada.

Sin mayor investigación los elementos de las corporaciones policíacas municipales saben qué comerciantes y empresarios son prestanombres cómplices de la delincuencia organizada.

También saben, por supuesto, que políticos de todos los partidos incluyendo a presidentes municipales, diputados locales y federales, senadores y gobernadores, son “lavadores de dinero”.

Con mayor razón lo saben los jefes y comandantes de las agencias estatales de investigación y no se diga los elementos de las diversas corporaciones policíacas federales y de las fuerzas armadas.

Obligado es preguntar de qué se trata, cuál es el juego perverso, a quién pretenden engañar. ¿Por qué el Estado protege a los verdaderos capi di tutti capi? ¿Acaso porque están en los gobiernos?

Es indiscutible que México es un Estado fallido al no cumplir con su obligación de garantizar seguridad a sus gobernados. ¿Acaso estamos en camino de convertirnos en un narco Estado?

En efecto, en este país pisar los callos y afectar los intereses de las mafias políticas y económicas puede costar la integridad física, y hasta la vida, de los y las periodistas mexicanas y oaxaqueñas.

Escudriñar en la podredumbre de las relaciones de poder a nivel nacional y local es labor de riesgo extremo, e inmediatamente puede detonar la persecución, espionaje, hostigamiento, y hasta ataques mortales.

Un amplio repertorio de formas y medios para inhibir el libre ejercicio periodístico, incluso, institucionales, se ha arraigado como modus operandi de los actores del poder en México y Oaxaca.

A menos, claro, que los periodistas agredidos o muertos en el país sean cómplices o adictos y hayan traicionado, no pagado la droga que consumen o robado dinero del “lavado de dinero”.

alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila

  
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