A lo largo de la historia contemporánea, Oaxaca ha sido un territorio vedado para las inversiones. Un factor importante es la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra. En los años setenta, con el discurso de la reivindicación de los pobres e indígenas, la invasión de tierras fue el arma de falsos redentores sociales para mantener su clientela política. En el Istmo de Tehuantepec, fue la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo -la COCEI-. En Tuxtepec, fue la Unión General, Obrera, Campesina y Popular -la UGOCEP-. Los nuevos ricos fueron, precisamente, los dirigentes. Nada de justicia a los pobres.

La parálisis gubernamental o el temor de los gobernantes para salvaguardar la propiedad privada y aplicar la ley, ha dado pie a que dicha práctica siga impune. Más hoy, alentada desde el púlpito mañanero. Hay una tendencia nociva hacia el capital privado y las inversiones no sólo foráneas sino nacionales o estatales. Y no han faltado quienes se quieran montar en la misma. El mejor ejemplo, es la guerra desatada por supuestos defensores de la tierra, el territorio y la cultura indígenas, en contra de las empresas generadoras de energía eólica en el Istmo y los fundos mineros.

Y es esa falta de certidumbre en lo que se refiere a la propiedad de la tierra, lo que ha sido para Oaxaca, un factor de atraso. Ni comuneros ni ejidatarios pueden enajenar sus tierras. En los últimos años, el factor indígena ha sido otro de los peores obstáculos. Ello sin soslayar las famosas consultas comunitarias sobre el destino de aquello que llaman sus bienes. Sobre todo lo anterior, se han montado los movimientos anti minas, anti eólicos y los que hoy protestan por el uso del agua que, dicen, es propiedad comunal.

Me pregunto, en cuestión de empleos: ¿Qué sería de Coahuila sin la explotación del carbón mineral, pese a la existencia de fundos mineros irregulares, donde se explota a placer, con resultados trágicos a humildes mineros, como es el caso de la mina Pinabete? ¿Qué sería de Sonora sin la explotación del cobre por parte de poderosos consorcios? En Tamaulipas, Puebla y otros estados del país operan con mejor ambiente empresas generadoras de energía eólica y solar. Aquí no. Siempre habrá grupos u organizaciones, algunas financiadas con fuentes extranjeras, que se opondrán a todo.

El cierre de las instalaciones de la empresa GUGAR, por parte de comuneros de Santa María Coyotepec, azuzados por conocidos falsos redentores de la lucha social, en momentos de transición gubernamental, se ha analizado en diversas vertientes: Por un lado, como una venganza política en contra de su mismo partido; como un intento perverso de ponerle piedritas en el camino al gobernador electo, Salomón Jara y, por último, como un burdo chantaje para obtener, del actual régimen, prebendas y dinero. Usted haga sus conjeturas. (JPA)