Oaxaca, Oax.- La semana anterior, la ciudadanía de la capital y de los distritos y municipios conurbados que arriban a la ciudad, por necesidad, salud, trabajo, escuela, compras, etc., vivimos un infierno de atropellos, amenazas y hasta violencia a nuestros derechos civiles. Ya se ha convertido en una institución conculcar el derecho a la libre circulación, sin que autoridad alguna, de los tres órdenes de gobierno, mueva un solo dedo para restituir nuestras libertades.

Un grupo de organizaciones sociales o de membretes, aglutinados en la llamada Alianza de Pueblos por la Justicia Social –otro membrete-, además de vecinos de algunas comunidades, maestros e indígenas triquis, montaron decenas de bloqueos. Aparte, de toma de casetas de peaje, carreteras e importantes vialidades. El sitio a la capital se prolongó por cerca de tres días. La vía 190, entre la ciudad de Oaxaca y Tlacolula, fue obstaculizada en cuatro partes. Y el crucero del Aeropuerto lo estuvo tres días.

Pero, ¿cuál fue el fondo de este concertado chantaje? Decenas de organizaciones pasasitarias de la dádiva gubernamental, acostumbradas al chantaje, exigían recursos millonarios. Cada uno de los dirigentes traía ya su cifra. La pregunta es, ¿y quién les ofreció tales sumas del erario que, se presume, es dinero del pueblo? El gobierno. ¿Quién ha ubicado a dichas organizaciones, grupos o dirigentes como beneficiarios de los citados recursos? Pues el gobierno.

Gracias a una política errática que combina la amenaza y el temor, el gobierno estatal ha desplegado como estrategia para mantener la gobernabilidad y la paz social, darle a manos llenas y con discrecionalidad recursos frescos a quienes, sin representación legal, se asumen redentores de comunidades o grupos sociales. Cuando se acercan celebraciones, períodos vacacionales o fin de sexenio, el chantaje y la presión se exacerban, para poner al gobierno de rodillas. Y éste, penosamente se dobla.

El pueblo oaxaqueño ha tenido que pagar con creces, dos hechos que, si bien fueron actos de autoridad, también fueron utilizados en su contra. El movimiento político y social de 2006 y los hechos de Nochixtlán, en junio de 2016. Intentar aplicar la ley, instrumentar desalojos o, simplemente restablecer el Estado de Derecho, aterrorizan al poder político. Hay un miedo cerval de llevar el sambenito de represor, pese a que quienes trastocan la paz social, cometan las peores bajezas en contra de la población civil.

¿Qué hacer ante esa parálisis gubernamental? Hace poco más un año, puso el ejemplo el municipio de San Pablo, Etla. Emplazó a quienes tuvieron tomada la carretera durante días a desalojarla. El pasado 14 de septiembre, fueron los vecinos de San Agustín de las Juntas, quienes desalojaron a quienes bloqueaban el crucero al Aeropuerto.

No se trata de hacer apología de la violencia en sí misma reprobable, pero ante el vacío de las autoridades estatales, deben ser los pueblos, los comerciantes, los transportistas afectados y la sociedad civil en general, los que –a través del diálogo, el convecimiento o los golpes- restituyan el clima de libertades, permanentemente amenazado. El pueblo oaxaqueño ha aplaudido la acción de los vecinos de San Agustín. (JPA)