Oaxaca, Oax.- Ni el Gobierno del Estado, mucho menos el Congreso Local, han dado cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre el problema del límite territorial que se presentó en su momento entre el estado de Chiapas con Oaxaca.

A casi 12 meses de la sentencia, que favoreció al estado de Oaxaca, el Gobierno del Estado ha hecho mutis a dar cumplimiento a dicho proceso, situación que podría generar la pérdida de alrededor de 162 mil hectáreas.

Al respecto, comuneros de Santa María Chimalapas informaron que el gobierno federal pretende declarar la zona recuperada, 162 mil hectáreas, como reserva de la biosfera, lo que rechazan de manera contundente.

"No lo vamos a permitir sin decir agua va, nosotros somos quienes hemos cuidado nuestra tierra, queremos consulta y en su caso que se declararon reserva comunal".

Gilberto Pacheco Sánchez, comunero, y Miguel Ángel García, coordinador regional del Comité Nacional para la Defenda y Conservación de los Chimalapas, desmintieron que el gobernador, Salomón Jara se haya reunido con ellos, así como esta mal asesorado porque el conflicto no compete a los comisariados ejidades sino a los síndicos de Santa María y San Miguel Chinalapas.

"Si se hubieran reunido, la comunidad de Santa María no estuviera dando un ultimátum firmado por el comisariado y consejo de vigilancia dienciento de que ho hay ninguna acción del gobierno", expresó Miguel Ángel García.

Añadieron que el primer paso para que se ejecute la sentencia es que el Congreso del Estado reforme la Constitución en su artículo 28 para que se marque el límite territorial.

Mientras que el gobierno del Estado tiene que hacer los trámites correspondientes ante el INE para que corrija la redistritación que hizo y haga un proceso de credencialización porque los ejidos, núcleos y ranchos que quedaron dentro de Oaxaca, sus pobladores no tienen identidad jurídica.

Gilberto Pacheco indicó que las comunidades de Santa María y San Miguel Chinalapas se están organizado para tomar acciones contundentes en caso de que se cumpla el plazo y el gobierno del Estado no de el primer paso para la ejecución de la sentencia.