Oaxaca, Oax.- Uno de los ilícitos que más han lastimado a la sociedad oaxaqueña, ha sido la apropiación ilegal o el despojo cometido por una red de fedatarios públicos, funcionarios de gobierno, abogados y otros. En esa infame tarea han salpicado a instituciones, hasta hace poco tiempo honorables. La suplantación de identidad, el agandalle de bienes intestados e incluso, el uso de la violencia para hacerse de propiedades por la fuerza, son acciones que deben tener una respuesta enérgica de las autoridades.

El escándalo explotó en el 2022. Pero estas acciones equiparadas con las operaciones de la delincuencia organizada, no son nada nuevo en Oaxaca. Y cada vez aparecen más y más operaciones de esta naturaleza. Incluso de hace 20 años. El asunto se ha ido arrastrando hasta el actual gobierno, pues pese a que apareció incluso en las conferencias de prensa mañaneras del presidente López Obrador, parece haber una especie de blindaje para los presuntos responsables.

De estas operaciones ilegales se ha hecho una verdadera industria. Depredadores de predios y hasta de tierras comunales, han devenido magnates de la propiedad inmobiliaria y, con un cinismo impresionante, se asumen los casa-tenientes forjados al amparo de las complicidades y el tráfico de influencias. En el pasado ponían a funcionarios a modo en áreas claves de la administración pública, que sirvieran como tapaderas para sus operaciones ilícitas y argucias jurídicas.

Hace poco más de una semana se dio a conocer que la Consejería Jurídica del gobierno estatal había enviado a la Fiscalía General de la República, el asunto del llamado “Cártel del Despojo”. Sin duda alguna, será una investigación extenuante dados los niveles de discrecionalidad que existen para hurgar en las operaciones de los fedatarios públicos que, por cierto, en los últimos años, en muchos ya se ha perdido la fe. Pero, de no haber acciones contundentes, el gobierno estatal habrá fracasado con esta exigencia ciudadana.

Para encaminar las cosas por la ruta de la legalidad y la certeza en todo lo que concierne a la propiedad privada o comunal, mucho tienen que ver los representantes populares en la aprobación del andamiaje jurídico que preserve este derecho ciudadano. Además, para promover el llamado a cuenta de todos aquellos que han logrado las patentes por compromiso político, por embutes millonarios o simple disciplina, lealtad o amistad.

El tema de que hablamos debe rebasar el espectro mediático e incluso, el del amago y la amenaza para convertirse en el cumplimiento de una demanda social: la aplicación de la ley para quienes, de manera particular o en banda, hayan lucrado con la propiedad ajena. Tengo la certeza de que habrá muchas sorpresas. (JPA)