Sin duda alguna, el saqueo de al menos 800 vehículos, entre automóviles, motocicletas y bicicletas, en el encierro municipal “Primavera”, sin que dichos bienes hayan sido incorporados legalmente al patrimonio municipal, ha metido al gobierno de Oaxaca de Juárez en un serio dilema. No tarda en que las quejas de aquellos cuyas unidades estaban afectas a carpetas de investigación o sujetas a proceso judicial o, en su defecto, no las hayan recuperado por los costos excesivos, reclamen sus bienes.

No basta con decir que el robo o saqueo de unidades ahí depositadas eran algo común en gobiernos pasados, sino los mecanismos legales que habrá de aplicar el ayuntamiento citadino para dar una respuesta conforme a derecho a quienes resulten afectados. Lo cierto es que, según se ha informado a lo largo de este escándalo, se trató de una acción concertada a espaldas del edil capitalino. Es cierto, el pago de los predios en donde se ubican los corralones es una carga financiera, pero ello dista mucho de vaciarlos sin un marco jurídico legal que valide esta acción.

Para los especialistas y abogados –quien les habla no lo es- la primera acción que debió aplicarse fue la realización de un inventario de vehículos, especificando la situación legal de cada uno, así fuera vil chatarra. El aviso a los afectados en los instrumentos legales. La elaboración de un marco jurídico para la incorporación de dichos bienes al ayuntamiento de la capital y la posterior desincorporación de los mismos, vía remate o venta. Y, finalmente, el producto de las mismas y su ingreso a la Tesorería municipal.

Sin prejuzgar ni hacer acusaciones o señalamientos, que en todos aplica la presunción de inocencia, tal parece que quienes orquestaron esta maniobra, lo hicieron de manera premeditada y concertada para beneficiarse económicamente, aún a costa del desprestigio del gobierno local. Según lo han dado a conocer funcionarios municipales, tanto el Órgano de Control Interno como la Fiscalía General del Estado cuentan con la información necesaria sobre esta operación ilícita.

Todo ello se dio desde hace meses, pero recientemente salió a la luz, justo cuando han pasado ya cinco meses de que el problema del relleno sanitario no tiene una solución y a más de un año que fue denunciado el boquete financiero por más de 400 millones de pesos que le dejaron al gobierno municipal actual, sin que haya visos de fincar responsabilidades. Es decir, el favoritismo y solapar conductas lesivas, a pesar de que obstaculizan la buena marcha del ayuntamiento, parece ser la constante. (JPA)