Tres sesiones le bastaron a la actual Legislatura para derruir los pocos avances que se tuvieron en el sexenio. Y no tuvieron empacho en pasar sobre sus propios argumentos esgrimidos en reformas constitucionales y legales durante su misma gestión.

En la ambivalencia que caracterizó el sexenio de Gabino Cué, en un primer momento presentó una iniciativa de reforma constitucional tendiente a un mayor equilibrio de poderes, una nueva relación con los órganos autónomos y mecanismos de democracia directa. Tras meses de intensa negociación en el Congreso, las distintas facciones parlamentarias se pusieron de acuerdo para realizar una importante reforma constitucional, de menor alcance que la propuesta y mínima respecto a lo que necesitaba Oaxaca, pero sin duda un sustancial avance.

Por la vía de los hechos se comprobó que si bien se establecían nuevos equilibrios entre los poderes (la iniciativa preferente que podría presentar el Ejecutivo; la necesaria ratificación por la Legislatura del nombramiento los titulares de las secretarías, entre otras); en los mecanismos de democracia directa eran más bien una tomadura de pelo, los requisitos establecidos para la consulta, la revocación de mandato, hacen inviables a esas figuras. El experimento de la consulta ciudadana para la construcción —o no— del Centro de Convenciones en el Cerro del Fortín, es un ejemplo.

En esa y la Legislatura subsiguiente, se daba un paso adelante en el desmantelamiento de la estructura autoritaria y la construcción de un nuevo andamiaje. La reforma electoral de 2012 (código electoral y ley de medios de impugnación); la constitucional y a la ley orgánica municipal de 2013, en que se regulaba la figura de los administradores municipales; la reforma constitucional de 2015 (en materia político-electoral y derechos indígenas) en que se reconocía la terminación anticipada de mandato; representaron un avance importante.

En sentido contrario, la anterior y la actual Legislatura convirtieron en un reparto de cuotas en todo sitio en donde tuvieran injerencia, la opacidad, corrupción y ausencia de rendición de cuentas, es la marca de la casa de las y los diputados. Los escándalos por el reparto del botín se sucedieron en todas las fracciones parlamentarias. Y la restauración autoritaria inició al aprobar leyes a modo de los intereses de los partidos. Las y los escasos diputados que buscaban trabajar, eran bloqueados sistemáticamente por sus correligionarios.

Así, las legislaturas más plurales en la historia de Oaxaca, echaron por la borda la riqueza de la diversidad política e ideológica, y prefirieron homogeneizarse en una clase política que velara por sus intereses facciosos o personales.
En una devolvieron el nombramiento y control de los administradores al Ejecutivo, ahora ni siquiera podrán aprobar su designación a propuesta de aquel. Si la figura es controversial e inconstitucional y está lejos de corresponder a la esfera del Ejecutivo, en tanto deriva de la gobernabilidad interna de los municipio y esa obligación del Legislativo conocer, ahora le dan todas las posibilidades para el control de municipios y haciendas municipales. En la misma establecieron candados a la integración de las fracciones parlamentarias, aumentando el número de dos a cinco para su integración, se impedirá así que el PAN y el PT puedan formar parte de la Junta de Coordinación Política en la subsiguiente Legislatura. De paso, también derogaron la norma que establecía la irreductibilidad del presupuesto legislativo, que había aprobado esa misma Legislatura.

En la siguiente, eliminaron la ratificación por la Legislatura del nombramiento de los titulares de las secretarías; ampliaron el tiempo para que el gobernador se ausente del estado sin solicitar anuencia del Legislativo de diez a 20 días.

Luego partidizaron el cumplimiento de las funciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) al reformar la Ley de Fiscalización Superior. Presentar querellas contra funcionarios de elección popular que hayan cometido actos de corrupción sólo podrá hacerse si la Junta de Coordinación Política del Congreso lo autoriza. Es claro que es un mecanismo para el control de la disidencia parlamentaria. Y limitaron a tres años el periodo en que la ASE puede fincar responsabilidades y sanciones a servidores públicos que hayan incurrido en actos de corrupción, siendo que la media nacional es de cinco años y la legislación federal la establece en siete.

Lo sintomático del caso es que, como en los viejos tiempos del autoritarismo, la unanimidad fue la marca de esos cambios regresivos: fueron aprobadas por todas las fracciones parlamentarias. Las disidencias que se presentaron fueron a título personal. Más grave, que las y los legisladores anularon avances que ellos habían construido y que fortalecían al poder Legislativo. Ello habla de su actuar interesado, su falta de compromiso democrático y su nula congruencia ideológica.

Sin embargo, un mal cálculo de las consecuencias de estas medidas, podría tener un efecto contraproducente y regresar en una mayoría opositora en la posterior legislatura —la que inicia funciones en noviembre sólo durara dos años. El 2018 será un escenario turbulento para la clase política y en ella la ciudadanía no saldrá indemne, pero podría saldar cuentas, como lo ha hecho cuando los mecanismos de control se endurecen.

Lo grave de la apuesta de retomar el control total por el Ejecutivo es que en el actual contexto político, económico y social, están cerrando las pocas válvulas de escape de la inconformidad social y la expresión de la pluralidad política. En Nochixtlán el 19 de junio pasado, confluyeron una serie de agravios a la población que van más allá de la reforma educativa. La pradera está en llamas y parece que la clase política no se da cuenta. Como no lo hizo el gobierno ulisista en 2006, como tampoco lo previeron el gobierno federal y estatal en junio de 2016.

En 1815 Napoleón tuvo su histórica derrota en la Batalla de Waterloo; en el desenlace, el Duque de Wellington, quien comandaba a las triunfantes tropas británicas, holandesas y alemanas, al ver los saldos del combate expresaría: “Al margen de una batalla perdida, no hay nada más deprimente que una batalla ganada”. Y cuidado, ese podría ser el resultado de endurecer controles, sin generar una gobernabilidad democrática y plural, que va más allá de los partidos y debe conectar directamente con la sociedad oaxaqueña.

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