Napoleón Bonaparte, en su retorno después de ser confinado en la Isla de Elba, inició un periplo conocido como la campaña de Waterloo o los “Cien días” (Cent-Jours); periodo (20 de marzo al 28 de junio de 1815) en el cual realizó una serie de cambios para restaurar su imperio y, al mismo tiempo, enfrentar los desafíos de Europa que clamaba cambios constitucionales.
Roosvelt, al asumir la presidencia de Estados Unidos en 1933, tomó como bandera los primeros cien días de gobierno para adoptar medidas que aliviaran los efectos de la crisis, resentida por la gran depresión de 1929: “actuar y actuar ahora”.
En las últimas décadas, los gobernantes han puesto de moda fijar los primeros cien días de gobierno para medir la eficacia de sus acciones, diferenciarse de sus antecesores y, eventualmente, hacer ajustes para reencauzar el rumbo. No hay obligación legal de hacerlo, pero se insiste en establecer esta evaluación. Pocos salen bien librados. En parte porque no depende sólo de la voluntad política que pudieran tener, sino también de los legados de su antecesor. El presupuesto, la deuda pública y los pendientes, son herencias difíciles de evadir y que influyen en las acciones a tomar. Es importante también el equipo: la inexperiencia y la curva de aprendizaje conducen a yerros que, en algunos casos, marcan a toda la administración (como el famoso error de diciembre de Ernesto Zedillo).
En la nueva administración estatal, hay un alud de críticas a la ineficiencia del nuevo equipo de gobierno. Si bien hay áreas que cumplen con sus responsabilidades, los escasos resultados positivos del conjunto ayudan poco en aliviar esa impresión negativa. Más allá de los yerros, me referiré a lo que sí se ha hecho, incluso que le ha salido bien al nuevo grupo gobernante, pero que es en clave antidemocrática y trae graves consecuencias a la construcción de instituciones.
1. Es claro que las últimas reformas legislativas de la anterior legislatura, fueron de la mano de la ascensión del nuevo gobierno. Sólo que éstas constituyen un serio retroceso. Los administradores municipales que regresan a la férula del Ejecutivo; la auditoría superior del estado cuya actuación es partidizada al requerir la aprobación de la junta de coordinación política para actuar ante un caso de corrupción; la eliminación de la garantía presupuestal para el Congreso. Aunque aprobada por todas las fracciones parlamentarias fue obvio que se logró gracias a la cooptación que hizo de ellos el equipo del ahora gobernador. Con ello, el Legislativo perdió la autonomía que debiera tener.
2. La nueva Legislatura, la 63, no han hecho sino continuar con esa línea, más allá del discurso. Una prueba es no permitir el posicionamiento de la fracción parlamentaria de Morena precisamente en el marco del cumplimiento de los cien días de gobierno.
O la “vacilada histórica” —“hazaña histórica”, la calificaron sus autores— de cambiar la denominación de administradores a comisionados municipales, pues si bien buscan poner algún coto a los excesos en el manejo de los recursos, todo indica que los diputados no se quisieron quedar fuera del negocio, pues la reforma constitucional entrará en vigor ¡hasta 2018!; esto es, ya fuera de la designación de los administradores que se están haciendo en estos meses y que devienen del proceso electoral 2016. Al tiempo, contravienen las recientes resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ha declarado inconstitucional esa figura, en tanto que, con la argumentación jurídica esgrimida por ese órgano, la nueva figura del comisionado también lo es.
3. Algo similar, en cuanto al retorno a las viejas prácticas de sujeción de los poderes estatales al Ejecutivo, ocurrió en el Tribunal Superior de Justicia. Al más viejo estilo se presionó para que el magistrado presidente pidiera licencia. Acusaciones diversas se le hicieron; pero, si fueran ciertas, lo pertinente es que se diera cauce legal y se fincaran responsabilidades. En cambio, se impuso a un magistrado en retiro, que retornó —algunos expertos juristas señalan que violentando la normatividad— siendo del grupo del actual gobernante.
4. Todo indica que se inicia la misma estrategia contra el actual Fiscal General del Estado, para lograr también su renuncia y el nombramiento de alguien cercano al nuevo equipo gobernante. En los hechos es tirar por la borda el cambio constitucional que dota de autonomía a la Fiscalía; de sí ya copada por allegados al grupo en el gobierno estatal.
5. Las recientes destituciones, con el eufemismo de “renuncias voluntarias”, de los titulares de la Secretaría General de Gobierno y del Instituto de la Juventud Oaxaqueña, ante acusaciones de corrupción, que podrían ser una señal de querer hacer las cosas de un modo diferente a la endémica impunidad, están en vías de convertirse en un referente más de que nada a cambiado, si no se fincan las responsabilidades legales que correspondan y se castiga la línea de complicidades que permitieron esos excesos.
El actual gobierno estatal, llegó con la mesa puesta para mostrar que el retorno del PRI venía acompañado de cambios sustanciales en las formas de hacer política y que tomarían distancia de un gobierno de alternancia que decepcionó a la sociedad oaxaqueña.
Napoleón en un discurso previo a su derrota en Waterloo, expresó ante una multitud de seguidores: “Mi voluntad es la de la gente: Mis derechos son los suyos”. Pero sus palabras no generaron el entusiasmo de antaño. El discurso no correspondía a la realidad. El bono democrático del nuevo gobierno se está agotando más rápidamente de lo previsto. Han transcurrido casi 150 días del primer año, y los cambios no llegan; pero aún son los inicios, y los cambios obligados podrían corregir el rumbo y las prácticas.
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