La captura de Marco Antonio Sánchez Cruz, el más influyente de los dirigentes de la CTM en Oaxaca, tiene dos lecturas:

1.- El gobierno de Alejandro Murat Hinojosa sopesó el riesgo de seguir tolerando grupos fácticos de poder que hacen ingobernable Oaxaca. Se le subían a las barbas. Decidió, entonces, cortar por lo sano: aplicar la ley con todos los riesgos políticos que esto conlleva. Sitiar completamente la ciudad y las principales carreteras, durante casi todo el día de ayer, fue uno de los pataleos del Frankestein del gobierno.

2.- Para dejar el mensaje rotundo de un gobierno decidido a restablecer el orden, Alejandro Murat, empezó con uno de los capos más poderosos de la CTM el sector más fuerte del PRI, partido que, inclusive, lo llevó al gobierno. Procesar a Marco Antonio Sánchez, deja en claro la decisión de este gobernador de aplicar la ley sin ver a quién. Mostrar también su denuedo para poner freno a la impunidad tan arraigada entre los grupos de interés que operan en Oaxaca. Otro aviso podría ser para otros grupos radicales que abusan de la excesiva tolerancia que ha identificado a los últimos gobernadores y que ha traído como consecuencia un Oaxaca ensombrecido por la anarquía.

No aplicar la ley ha formado uno de los fenómenos más ceñudos, capaz de intimidar a cualquier gobernante. Lo vimos con el medroso Gabino. Desde junio del 2013, supo que el líder cetemista había participado en el asesinato de cinco personas, pero prefirió dejar hacer, dejar pasar. Fue la tónica del gobierno “del cambio”.

Sin duda que la historia registrará a Gabino Cué Monteagudo, como el peor gobernador que ha tenido Oaxaca. Deshonesto, saqueador del erario público y cobarde. Esquivó su deber de cumplir y hacer cumplir las normas para la buena convivencia social. Alejandro Murat quiere romper con el estigma de los gobernantes menguados. Es el reto.

Así como sucesivos gobernadores priistas -desde hace casi 4 décadas- cebaron al cartel 22, al grado de permitirle compartir el gobierno, desde el IEEPO, Gabino hizo alianzas con otras organizaciones que operaban como verdadera delincuencia organizada. CNP, sindicato Libertad y también con el cartel 22, su principal aliado desde la campaña electoral.

Jorge Castillo y el hoy senador chilango Benjamín Robles Montoya que entonces aparecían como la conciencia de Gabino, corrompieron a la CTM para cooptar a sus líderes ambiciosos. A la vez fortalecían con dinero y concesiones a sindicatos y organizaciones “sociales” que movía el cartel 22.

Así crecieron organizaciones con cabecillas que, con tal audacia, se alzaron como poder fáctico real, capaces de retar a las instituciones de gobierno.

ENSANCHADO

En muchos años de gobiernos medrosos, se fueron ensanchando algunos líderes sindicales, entre ellos Marco Antonio Sánchez. Surgido como trailero en los acarreos por Totolapam y colaborador de los Díaz, llegó al liderazgo cetemista donde acrecentó fama, poder y dinero. Dicen sus allegados que manejaba en sus oficinas cajas inmensas de efectivo y ordenaba acciones temerarias sin regatear cantidades monetarias.

Acrecentó fuerza política con Gabino, al grado de participar en un homicidio colectivo, sin consecuencia alguna, hasta que este gobierno decidió aplicar la ley. Su residencia por los rumbos de Santa Cruz Amilpas, era la de un capo insuflado. Rodeado de guaruras con armas de alto poder que le permitía el gobierno; en su residencia vigilada 24 horas, mantenía felinos y otras especies prohibidas en cautiverio. Su poder era temerario.

En diez años gozó de impunidad gracias a la complicidad con funcionarios estatales y federales. Como secretario de finanzas de la CTM en Oaxaca, su ostentosidad no tenía límites. A eso atribuyen que la PGR lo investigue también por delincuencia organizada. Las primeras informaciones indican que este personaje manejaba 128 cuentas bancarias, detectadas por las unidas de inteligencia del SAT y de la PGR. Tanto dinero y poder los obtuvo gracias a la red de corrupción que montó para distribuir droga en camiones, mototaxistas, taxis, vehículos de carga y demás unidades de transporte agremiados a la CTM.

Investigan a su grupo al interior de la CTM, por más de 200 asesinatos y otros delitos que encubrían gracias a la connivencia y pago de sobornos a diversas autoridades. Datos de la agencia laverdadnacionaloax@gmail.com indican que Marco Antonio Sánchez Cruz, fue trasladado a la Ciudad de México, por elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), por sus presuntos vínculos con grupos del narcotráfico, multi homicidio, lavado de dinero y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército mexicano.

EL SALTO DEL CHAPULÍN

Otro grupo que empieza a ver menoscabo de su inmenso poder fáctico, es el cartel 22, y no precisamente por decisión del gobierno. Padres de familia en todo el estado, hastiados de tantos abusos de los maestros montoneros, han tomado la decisión de aplicarles la Ley del Talíon: “ojo por ojo, diente por diente”.

Cansados de la anarquía que han sembrado al cerrar escuelas, caminos, amenazar con violencia y mofarse de la autoridad de los pueblos, en la escuela secundaria de Cuicatlán, les recetaron una sopa de su propio veneno.

Los ciudadanos retuvieron a varios maestros del nivel de Telesecundarias con sede Cuicatlán. Hasta ayer por la tarde los tuvieron atados de las manos, entre ellos al encargado de la supervisión, profesor Pedro García; las auxiliares Xóchilt y Rosario Santiago. Los que decidieron tal acción son padres de familia de Valerio Trujano. Los acusan de flojos y de entorpecer la llegada de nuevos maestros para sustituir a los flojos y faltistas. Es tal el enojo de los paterfamilias que amenazan también con quemar las instalaciones de la supervisión escolar si el cartel 22 sigue impidiendo la llegada de nuevos maestros. La escuela está cerrada con sellos y firmas.