Como una cuestión de legitimidad, y hasta de forma política, debiera ser un tema de vital importancia para toda la clase política local, llevar hasta sus últimas consecuencias el juicio político en contra del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo. No lo han hecho porque quizá asumen que inhabilitarlo no es importante. Sin embargo, el problema es que nadie ha tomado con la relevancia debida, el hecho de que juzgarlo políticamente no sólo implica el castigo administrativo, sino que sobre todo conlleva la sanción, la condena y la reprobación social materializadas en un acto legislativo. A eso deberían tomarle la importancia que merece el caso, y no el descrédito que se está construyendo el Congreso en ese rubro.

En efecto, fue uno de sus antiguos aliados quien presentó ante la LXIII Legislatura la solicitud de juicio político en contra del ex gobernador Cué. El senador Benjamín Robles Montoya fue quien, por sí y a través de personas afines a él, solicitó a la Comisión Instructora del Congreso que iniciara juicio político en contra del ex Mandatario oaxaqueño. Ha pasado más de un año desde entonces, y lo cierto es que dicho procedimiento se ha mantenido prácticamente detenido debido no a obstáculos procesales ni a actos dilatorios por parte del acusado, sino al marcado interés, y hasta el ánimo de protección hacia el ex gobernador, que se ha notado en la actitud y los actos de varios diputados. ¿De qué hablamos?

De que, por un lado, la Comisión Instructora ha seguido los pasos ordinarios de un juicio, pero sin recibir el apoyo político —ni del Congreso ni del Ejecutivo— para cumplir con cuestiones casi de trámite, como la notificación por alguna de las vías que establece la ley al respecto. El Congreso se ha tardado más de un año haciendo la búsqueda ordinaria del ex gobernador, como si éste fuera un juicio del orden civil o mercantil, y se ha conformado con las respuestas que hasta el momento le han brindado algunas autoridades a las que le han pedido auxilio en su localización.

No ha habido nivel de respaldo por parte del Estado oaxaqueño, como para establecer su ubicación exacta para llevar a cabo la notificación —aquí o en la Ciudad de México—, ni tampoco para acelerar el proceso de notificación a través de cédulas, edictos y otras vías por medio de las cuales se pudiera cumplir con el nivel de publicidad como para no alegar en su propio beneficio el desconocimiento del juicio en su contra.

De hecho, parece que al propio ex Gobernador no le interesa mucho lo que pueda ocurrir con dicho proceso, quizá porque sabe que no existen consecuencias administrativas importantes —inhabilitarlo no cambia en nada su situación jurídica, o su estatus de persona libre— o quizá también porque se sabe protegido por algunos diputados locales.

De hecho, el diputado Samuel Gurrión dijo en algún momento que el juicio en contra de Cué estaba detenido porque “estaban esperando” el resultado de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, para que con eso pudieran desahogar el juicio político. Todo esto, a sabiendas de que esos datos son innecesarios para la conducción de un juicio como éste, que es eminentemente de naturaleza política, y no penal, civil, o administrativa.

JUICIO RELEVANTE

El hecho de que lo inhabiliten, dicen algunos, hace este juicio irrelevante en las circunstancias actuales. Lo que no debiera ser irrelevante, sin embargo, es el hecho de que un juicio como éste tiene como objetivo más que la sanción, el pronunciamiento respecto de la censura a las conductas cometidas durante su periodo como servidor público. En este caso, debiera resaltar la importancia de señalar políticamente los actos indebidos cometidos por el ex Gobernador, así como la defraudación a la confianza que la mayoría de los oaxaqueños le depositó en las urnas no sólo para ser Gobernador, sino para conducirse de mejor forma y con más honestidad que todos sus antecesores.

Ahí tendría que haber una sustancia importante y una actitud proactiva por parte de todos, para impulsar este juicio hasta sus últimas consecuencias, de forma concomitante a los procedimientos judiciales que pudieran estarse llevando a cabo en contra de Cué y de todos los ex funcionarios que habrían incurrido en actos indebidos. El problema es que todos parecen haberle perdido importancia y sentido a las cuestiones declarativas y a los actos políticos que se realizan desde el Congreso, y éste mismo parece ya no estar seguro de que esas atribuciones que le da la Constitución sean de verdad relevantes, o sirvan para algo.

Pues, quizá en apariencia es cierto que la ciudadanía sólo estará satisfecha cuando vea a los ex funcionarios corruptos en la cárcel. Sin embargo, junto a ello es también importante la reprobación social y política a través de actos que no tienen otro objetivo más que la declaración de censura y de rechazo, respecto a una conducta. Ello tendría que ser el acompañamiento a todas las demás acciones que son también relevantes y que ahora mismo están desahogando los órganos de procuración e impartición de justicia.

Incluso, debiera pensarse con mayor claridad que el hecho de no impulsar el juicio político como una medida de reprobación y sanción política, implica también una puerta a la impunidad. Hoy, los ex funcionarios se conforman con no ser perseguidos judicialmente, y le han perdido todo valor a los juicios sociales y políticos que se hagan de ellos. Es así, porque quienes debieran impulsar esos juicios tampoco los consideran importantes, y porque cuando ocurre una iniciativa de este tipo parecen todos más dispuestos a bloquearla y desdeñarla, que a impulsarla como una forma más de control sobre el ejercicio de la función pública.

Al final, es claro que difícilmente habrá voluntad para llevar este juicio hasta sus últimas consecuencias. Es una pena porque con ello no sólo se le permite el margen de silencio e impunidad que anhela el ex Gobernador, sino que además el propio Congreso se desacredita en sus propias funciones, y en su capacidad de cumplir con una de sus atribuciones políticas más relevantes establecidas en la Constitución.

BURÓCRATAS

Gran parte de una solución de fondo al conflicto entre los burócratas por su dirigencia, está en el Ejecutivo que ahora tendrá que definir qué tipo de agrupación sindical reconocerá para desahogar sus relaciones laborales. No sería buen signo prestarse a un juego abrumadoramente artero y antidemocrático, como el impulsado por quienes pretenden quedarse con la dirigencia aparente —y mañosamente— electa “por ministerio de ley”.

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