No cabe duda que Oaxaca es increíble y lo increíble se hace realidad. Por sorpresas no para uno en la Gran Señora del Sur. Definitivamente, no hay posibilidad de perder la capacidad de asombro.

Por si nos faltaran problemas, ayer tuvimos como postre en la comida el incendio en la bodega de medicamentos de la Jurisdicción Sanitaria de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), en Tuxtepec.

¿De qué monto es el escandaloso saqueo en la Secretaría de Salud que a las dos ejecuciones de funcionarios de la misma y entierro de toneladas de medicamentos, se suma, ahora, incendios?

¿Qué grandes negocios se realizan en los Servicios de Salud de Oaxaca que no solo se ha buscado callar a presuntos involucrados, sino que ahora, se pretende borrar rastros, a través de incendios?

¿Acaso se trafica con medicamentos bajo control por su contenido de morfina o, peor todavía, se trafica con órganos de los pacientes en las clínicas y hospitales o de qué se trata el negocio?

¿Por qué hasta ahora la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no han ampliado sus investigaciones a los amos y señores de la evasión fiscal, a través del esquema outsourcing en los Servicios de Salud de Oaxaca?

¿Más que interesante es saber qué despacho fiscal maneja el outsourcing en la Secretaría de Salud, Sergio Castro López y Federico Sada Bolaños Cacho, Eligio Hernández Carrillo, Mariano Carlos Rosales Ortiz, Pedro Luis Morlet Sánchez y Luis Eduardo Rojas Zavaleta o los hermanos Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga?

Los Fiscales General, Rubén Vasconcelos Méndez, y Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, no tienen más que solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o lavado de dinero.

¿Será posible que a los amos de la evasión fiscal, no se les moleste ni siquiera con el pétalo de una rosa, como a las damas, porque estos flamantes despachos fiscales financian campañas políticas y ayudan a lavar dinero a los políticos y gobernantes de todos los partidos?

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO) y el cuerpo de Bomberos sofocaron el siniestro, con saldo de una persona intoxicada, elevados daños materiales y evacuación de la zona.

El coordinador regional de la CEPCO en la Cuenca del Papaloapan, Jaime Canseco Claudio, explicó que alrededor de las 15:30 horas de este miércoles recibió el reporte del incendio de la bodega de la Secretaría de Salud, ubicada en la avenida 20 de Noviembre en el centro de Tuxtepec, por lo que se decidió evacuar la zona y calles aledañas.

"Establecimientos, viviendas de las calles 20 de Noviembre y Arteaga, fueron evacuadas para evitar exponerlos en caso que el incendio no se pudiera controlar por los químicos que contenía la bodega", indicó el delegado.

Destacó que no se presentaron heridos ni decesos solo una persona intoxicada; y que para sofocar el incendio participaron elementos del Cuerpo de Bomberos Estatal, Policía Auxiliar Bancaria y de Valores, Estatal, así como personal de Protección Civil Regional y Municipal.

No se necesita ser experto en el ramo para pasar por alto que la criminología y la criminalística enseñan que un “modus operandi” frecuente, para ocultar evidencias, es provocar incendios.

De esta manera, se busca eliminar huellas, manchas de sangre o en muchos casos documentos o bien, buscar cobrar el seguro contra incendios, cuando éste alcanza fuertes montos económicos.

Esta presunción fundada, seguramente, se fortalecerá cuando la investigación confirme que el incendio en la bodega de medicamentos de la Jurisdicción Sanitaria en Tuxtepec, fue provocado.

Indispensable es que el Gobernador Alejandro Murat dé instrucciones precisas al encargado de la Secretaría de Salud, Donato Escamilla, para que realice una exhaustiva investigación del incendio.

No menos importante es que el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, solicite el apoyo de expertos en incendios de la PGR y del Ejército para investigar la causó que lo originó.

El coordinador regional de la CEPCO en la Cuenca del Papaloapan, Jaime Canseco Claudio, informó que fueron necesario evacuar establecimientos y viviendas de las calles 20 de Noviembre y Arteaga, para evitar exponerlos en caso que el incendio no se pudiera controlar por los químicos que contenía la bodega.

Obligado es llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias para averiguar qué tipo de químicos había resguardados en la bodega de la Jurisdicción Sanitaria de los Servicios de Salud de Oaxaca, en Tuxtepec, y sobre todo, si al hacerlo se respeta la normatividad al respecto.

La hipótesis del incendio provocado, se ve fortalecida, al mismo tiempo, con los antecedentes de las ejecuciones del ex Subdirector de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Rafael Pérez Gavilán Escalante.
Pero esta línea de investigación, también se fortalece con la evidente, pública y notoria ejecución de Luis José Larumbe Mendoza, ex Jefe de la Unidad de Atención Ciudadana de los SSO.

La ejecución de Luis José Larumbe Mendoza ocurrió en el patio de su hogar tres años después de la ejecución de Rafael Pérez Gavilán Escalante, también en el interior de su hogar. ¿Coincidencia?

A su domicilio ubicado en la calle Las Flores 110, casi esquina con José López Alavés, a dos cuadras del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, llegó un automóvil. Tocaron el claxon insistentemente, por lo que el doctor salió de su consultorio y metros antes de llegar a la reja que da a la calle, le dispararon.

El funcionario de los SSO a los que regresó en 2017 como Coordinador de Estomatología, cayó mortalmente herido, al recibir un disparo en el cuello, otro en el pómulo, ambos del lado derecho, y otro más en el lado izquierdo del tórax, en tanto, los ocupantes del vehículo se dieron a la fuga.

A todo ello, es necesario sumar el entierro de 30 toneladas de medicamentos que extrañamente se dejaron caducar, en el Almacén General de la Secretaría de Salud, en Tlalixtac de Cabrera.

Las 30 toneladas de medicamentos del programa del Seguro Popular que se dejaron caducar fueron surtidas al Gobierno de Gabino Cué por la empresa Intercontinental de Medicamentos.

¿Y qué cree usted, querido lector? La empresa que monopolizó el abasto de medicamentos, durante el gobierno coalicionista de Gabino Cué, pertenece a la mafia familiar de los Candiani.

El director del Seguro Popular era Salvador Monroy, primo hermano de Abelardo Monroy, gerente de la farmacéutica, de la que aparece como propietario el “primo incómodo” Juan José Álvarez Candiani, amenazado de muerte y refugiado en algún país de la Unión Europea.

La escandalosa corrupción en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Oaxaca desde el Seguro Popular, se hace extensiva a Rogelio Hernández Cázares, amigo de los hijos de Manuel Andrés López Obrador (MALO) y operador político-financiero de éste en el gobierno de Gabino Cué.

Hasta ahora, se desconoce el resultado de la supuesta investigación que abrió la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) contra la COFEPRIS por enterrar en el sigilo y de manera irregular las 30 toneladas de medicamentos caducos.
La medicina inservible la tenían en bodegas de Santa Lucía del Camino y Tlalixtac de Cabrera, sin las menores consideraciones necesarias para su mantenimiento, quizás porque eran medicamentos genéricos vendidos como medicinas de patente.

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