Puede ser infinita la lista de motivos —políticos, jurídicos, de intereses, etcétera— que pueden explicar la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, en la boleta electoral de los candidatos presidenciales a pesar de todas las irregularidades que se acusan respecto a las pruebas ofrecidas sobre la obtención de apoyo ciudadano para su candidatura. De entre todas ellas, una que no debe ser soslayada es la de asestarle un golpe, así sea en el mediano plazo, a la apertura del acceso al poder a los ciudadanos sin partido.

En efecto, la decisión del TEPJF sobre la candidatura independiente de El Bronco ha causado todo tipo de descalificaciones, las cuales están basadas, esencialmente, en lo que se acusó desde el propio Instituto Nacional Electoral sobre las irregularidades en la integración del apoyo ciudadano que el Tribunal Electoral decidió desconsiderar para darle prioridad a su registro como candidato, aduciendo una sentencia de corte garantista para proteger el derecho a votar y ser votado de El Bronco, así como la aparente reparación ante el quebranto jurídico que el INE le habría causado al negarle la garantía de audiencia para la revisión de las (miles) de irregularidades detectadas.

Sobre esto, ayer el escritor Héctor de Mauleón refería en su columna de El Universal, los señalamientos del consejero Ciro Murayama al respecto. El Bronco, afirmaba, reunió 2 millones 34 mil 403 apoyos entre octubre de 2017 y febrero de 2018. De esos apoyos, un millón 223 mil 408 coincidieron con la lista nominal. El resto, 810 mil 995, le fueron descartados por el INE. Y es que había 266 mil 357 apoyos duplicados. 11 mil 748 se hallaban en el padrón, pero no en la lista nominal.

15 mil 938 nombres habían sido dados de baja del listado: 7 mil 44 correspondían a personas que habían muerto; 7 mil 78 provenían de credenciales no vigentes (con más de diez años de antigüedad), y 6 mil 630 no fueron encontrados ni en el listado ni en el padrón.

Mil 869 se hallaban fuera del régimen de excepción (es decir, no vivían en municipios marginados, lo que les habría permitido entregar su apoyo en papel) y 508 mil 453 apoyos adolecían de inconsistencias: “esto es, fotocopias, simulaciones o credenciales diferentes a las de elector detectadas desde el principio en la llamada mesa control”, según explica Murayama.

Desde el primer momento, no se validaron, pues, 810 mil 995 apoyos. A Rodríguez le quedaba un universo de un millón 223 mil 408 apoyos. Dicho universo fue sometido —al igual que el de otros 31 aspirantes a convertirse en candidatos independientes— a una revisión censal. Surgieron “fotocopias, simulaciones y documentos no válidos”. 158 mil 532 no eran sino simulaciones de credencial: “cartoncillos, plantillas con pretendida forma de credencial donde se vaciaban datos genuinos de ciudadanos, pero sobre soporte falso”.

Había, además, 205 mil 721 fotocopias. Y se detectaron también 23 mil 644 apoyos en documentos no válidos: “tarjetas de descuento y licencias de manejo” (no credenciales de elector). De manera que al señor Rodríguez se le descontaron otros 387 mil 897 apoyos. Al Bronco, dice Murayama, se le dio derecho de audiencia por cinco días. Cuando se hubo revisado el 100% de los apoyos, se le dieron por buenos 14 mil 426 más. Con eso obtuvo un total de 849 mil 937 firmas.

Le faltaron 16 mil 656 para alcanzar la meta. Él alegó que no tuvo garantía de audiencia. Murayama afirma, sin embargo, que está documentado que en 12 ocasiones El Bronco y su equipo acudieron a revisar sus firmas entre diciembre y febrero, y luego durante el mes de marzo. El criterio final del INE fue que había irregularidades insubsanables en 302 mil 542 apoyos. El Tribunal determinó que la autoridad electoral no había justificado “fundada y motivadamente” su decisión, y había actuado, por lo demás, de manera unilateral. Hasta aquí la cita al texto de De Mauleón.

Lo que resulta relevante es que, con todo y eso, a Rodríguez Calderón le otorgaron el registro. ¿De verdad todo puede ser tan positivo y garantista como se aparenta?

Desde siempre se ha sabido que en México el sistema político no quiere a los independientes. Tampoco los quieren los partidos políticos, porque hasta antes de que éstos aparecieran, el monopolio del acceso al poder público estaba depositado justamente en ellos. Las candidaturas independientes se lograron luego de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el llamado Caso Castañeda Gutman versus México, que obligaba al Estado mexicano a modificar su marco jurídico interno para incluir y garantizar el derecho a ser votado, de las personas que no militan en ningún partido político.

El problema es que las candidaturas independientes hoy tienen todos los escollos posibles, incluyendo a quienes hoy son candidatos presidenciales por esa vía. Un problema inicial radicó en el establecimiento de condiciones muy desiguales para la obtención del apoyo ciudadano, así como umbrales dificultados para ser alcanzados. Además de eso, se les establecieron diversos mecanismos de negación del acceso a recursos públicos, y otras circunstancias que hacían complicada la posibilidad de que cualquiera de ellos lograra juntar el apoyo requerido.

De hecho, en noviembre del año pasado más de 50 ciudadanos registraron sus intenciones de convertirse en candidato presidencial independiente. Desde entonces, los cálculos más optimistas sugerían que cuando mucho habrá uno —o una— que podría lograr juntar las más de un millón 200 mil firmas que eran necesarias —por el margen de error que podían tener en la validación del respaldo ciudadano por parte de la autoridad electoral— para poder acceder a esa candidatura independiente.

Y lo cierto es que buena parte de los obstáculos —constitucionales, institucionales y materiales— a los que se enfrentaron esos aspirantes a una candidatura presidencial independiente, fueron creados y fomentados, por los mismos partidos políticos, como parte de su feroz lucha electoral en la que quieren que no existan más contendientes ni competidores que ellos; además de que el propio balance de la forma en cómo los aspirantes a una candidatura independiente intentaron acreditar el apoyo ciudadano recibido, puso en evidencia que ellos mismos habían incurrido y fomentado prácticas indebidas e ilegales que debían ser sancionadas.

En ese panorama, es posible que el resultado de la elección presidencial sea lamentable para los independientes, tanto por los votos captados como por las irregularidades cometidas. ¿Y no sería eso punta de lanza para impulsar la discusión de una contrarreforma? Porque si para lograrlo el descrédito era un elemento necesario, parece que las circunstancias ya lo están dando.

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