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REYERTAS JUDICIALES
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Felipe Sánchez Jiménez
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* 2019-07-04 DESVÍO DE RECURSOS
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* 2019-07-03 LOS HUÉRFANOS
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Después de casi dos años de estar midiendo fuerzas con el corrompido, pero no menos poderoso grupo político del editor Ericel Gómez Nucamendi, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Raul Bolaños Cacho, renunció al cargo.

El veterano jurista, dos veces representante del poder judicial de Oaxaca, es de los pocos políticos que ha sabido navegar en el maremágnum de la vida pública sin ser señalado de enriquecimiento ilícito. Dedicado al servicio público toda su vida, a sus poco más de 70 años decide retirarse no sin antes haber cumplido una tarea difícil. Logró romper el cacicazgo que, mediante leyes a modo, instalaron en el TSJ, el saqueador Gabino Cue a través Ericel como diputado y su sobrino Alfredo Lagunas como magistrado presidente.

A Raúl Bolaños Cacho le tocó romper con ese cacicazgo. Una tarea nada fácil por el gran poder que el rapaz Gabino Cue confirió a Ericel y a Alfredo Lagunas instalado como presidente del Tribunal y, a la vez, mandamás en el Consejo de la Judicatura con un grupo de magistrados y funcionarios incondicionales.

Vale recordar este episodio de encarnizada lucha política por dos cosas: Primero, la animadversión personal entre Bolaños Cacho y el clan de Ericel y Alfredo que se negaban a dejar el gran privilegio que significa tal control. Segundo, la serie de prolongadas controversias jurídicas de parte de los que se resistían al cambio. Del tamaño del poder anhelado fueron las reyertas. Y no es para menos. Mientras el TSJ tiene asignado un presupuesto cercano a los 200 millones de pesos, el Consejo de la Judicatura dispone de casi el triple. De allí se deriva la férrea batalla -jurídica y política- del grupo Ericel contra el nuevo presidente del TSJ.

TORNEO DE QUERELLAS

Una tras otra fueron las querellas jurídicas del clan Ericel-Alfredo para frenar las intenciones de Bolaños Cacho de separarlos del poder.

Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, Rogelio Gabriel Morales Cervantes y Leandra Jaqueline Ortega Ramírez quienes se ostentaban como consejeros del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado -dicen los expertos-,abusaban, reiteradamente, de los amparos de la justicia federal para la no desaparición de la Judicatura.

El pasado 10 de agosto, un juez federal ordenó lo siguiente al TSJ que presidía Bolaños Cacho: No revocar el nombramiento ni remover a los mencionados consejeros de la Judicatura. Es decir, contra el acuerdo del pleno del TSJ, la justicia federal ordenó que “continúe el funcionamiento del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, con la totalidad de su integración, hasta que se notifique a las autoridades responsables sobre la sentencia del juicio principal”. Pero también ordenó: “materializar el funcionamiento de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Oaxaca”. Esta instancia es la que es la que hoy sustituye a la judicatura que, finalmente, fue desaparecida.

Eso dijo el juez, pero quienes se ostentaban como consejeros, no acataban lo ordenado y realizaban sesiones ilegales del Consejo de la Judicatura, sin convocar al Consejero Juez, César Martín Cervantes Hernández a quien desconocieron de su cargo por actuar institucionalmente. En el extremo del desafío hasta nombraron a nuevos funcionarios. Fue el caso de Leticia García Soto a quien designaron secretaria ejecutiva. También designaron a Alfonso Santiago como Secretario Ejecutivo Auxiliar de dicho Consejo.

Así lo hicieron pese a que Darío López Matadamas fungía con el nombramiento de Secretario Ejecutivo del Consejo, además de que la propuesta para los nombramientos mencionados, corresponde hacerlo únicamente al presidente del TSJ.

TRIBUNAL PARTIDO

Finalmente, la razón se impuso y el tribunal volvió al orden y el apego a sus normas, pero la rebeldía dejó resquebrajamiento político que, hasta el momento, prevalece. Es el caso de los “espurios” magistrados que ahora sienten pena por haberse unido a la aventura incierta del ex presidente del TSJ y del Consejo de la Judicatura, Alfredo Lagunas. Ellos son: Ana Mireya Santos López, Luis Enrique Cordero Aguilar, Camerino Patricio Dolores Sierra, René Hernández Reyes, Narciso Abel Alvarado Vásquez, Tito Ramírez González, Sonia Luz Jiménez, José Luis Reyes Hernández y José Luis Ríos Cruz. Incómoda la situación de estos juristas que fueron atrapados por el grupo que ostentaba, contra la ley, el control del poder judicial.

Estos actuaron como magistrados del Tribunal Estatal Electoral en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo y de ahí fueron “premiados” -contra la ley- como magistrados al TSJ. Narciso Abel Alvarado, según comentan, está jubilado en el COBAO, además de que fue diputado local gracias a Diódoro Carrasco Altamirano. Llevan el sello de Diódoro y Gabino.

Las ligas políticas son evidentes. Los exconsejeros del Consejo de la Judicatura afines a Lagunas Rivera son: Leandra Jaquelina Ortega Ramírez (representante del Poder Ejecutivo) y Rogelio Gabriel Morales Cervantes (representante del Poder Judicial), los dos son compadres de bautizo de Lagunas Rivera y jamás rindieron informe de sus actividades al Ejecutivo y al Legislativo; siempre actuaron con indisciplina.

El Juez César Martín Cervantes Hernández, era a fin a Alfredo Lagunas Rivera, pero abandonó el grupo ante tanta corrupción, es decir, fue el único juez consejero que se plegó a Bolaños Cacho.

Mencionan como sustituta de Raúl Bolaños a la magistrada María Eugenia Villanueva.
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