En el primer día de Julio, justo a un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las urnas, inició el despliegue de tropas de la GUARDIA NACIONAL en todo el país, inicialmente en las 150 regiones prioritarias, entre ellas 15 en el estado de Oaxaca.
La “estrategia” se materializó en medio de un intento de debate en el Congreso de la Unión, en contra de la posturas de quienes rechazan la “militarización disfrazada” y transitó sin sobresaltos entre la apatía, falta de información o la urgencia nacional para frenar el fenómeno de la delincuencia común y organizada.
Pero el plan sin estrategia visible deja más dudas que respuestas.
Frente al fenómeno creciente de la violencia, por si sola la Guardia Nacional no es garantía de solución; el poder legislativo no modificó el Código Nacional de Procedimientos Penales y no se amplió el catalogo de delitos que ameriten prisión preventiva la nueva corporación federal salió a las calles con uniformes nuevos pero con leyes viejas o reprobadas.
En un país acorralado por la violencia demencial del crimen organizado, a las fuerzas armadas les dieron un marco legal para enfrentar a esa clase de delincuentes, pero desde el discurso presidencial fijaron como prioridad evitar a toda costa la represión y la violación de los Derechos Humanos, es decir, le dieron ventaja hasta casi rendir la plaza ante las barandillas o tribunales, la coladera sin fondo por donde entran y salen los criminales con insultante impunidad.
La aparente improvisación, derivada de la prisa, descuidó aspectos elementales de operatividad; en el caso específico de Oaxaca parece que nadie sabe quien será el coordinador de la fuerza federal ni en donde se instalarán los casi 7 mil efectivos que llegarán de manera gradual al estado; hasta ahora parece que no hay instalaciones adecuadas, o al menos suficientes para atender las necesidades elementales como alimentación, higiene y descanso.
En Juchitán habilitaron una terminal de autobuses que nunca funcionó, en Puerto Escondido y en otras ciudades la tropa arribó a las instalaciones militares, en Tuxtepec estaban buscando terrenos para el cuartel de la GN y en localidades como Ixtlán o Huautla de Jiménez, las únicas posibilidades de albergue provisional son los gimnasios o auditorios de la población.
Entre los policías locales hay dudas o incertidumbre, todo parece indicar que la nueva institución viene con vicios viejos, la falta de información ante la ciudadanía o comunicación entre las corporaciones sepulta los buenos deseos de coordinación,
hasta ahora a los mandos de corporaciones municipales no les han dicho quién y cómo delimitarán las funciones de cada agrupación y en el caso de la Policía Federal la rebelión se dispersa. El personal de Migración recibirá refuerzos pero no les definen a quien corresponde el mando y quien dirige los operativos. Las tareas de inteligencia se dispersan y en los grupos de coordinación comenzaron los celos.
La Guardia Nacional llegó y se dispersó, con las limitaciones de tecnología, vehículos y conocimiento del territorio, comenzaron con rondines y filtros de revisión pero las estrategias, metas programadas y objetivos específicos, parece que aun no hay definiciones.