Si nos apegamos a la ley que indica que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa “durarán en su encargo siete años improrrogables…”, podemos decir que la reyerta iniciada por Hugo Villegas y secundada por el exmagistrado presidente Adrián Quiroga por el control de esta instancia del Poder Judicial, es caso concluido.

Aunque prosiguieran con sus demandas de amparo que, curiosamente, siempre resuelve el mismo juez de Distrito, el caso caerá en una “negativa ficta”, me dice un jurista.

LOS ESPURIOS

Lo que no acaba es la pugna por la preponderancia en el Tribunal Superior de Justicia. Luego de la designación de María Eugenia Villanueva como magistrada presidente, los reacomodos políticos volvieron a esa instancia de poder. Me dicen que como el cargo lo obtuvo la abogada Villanueva por su cercanía con la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, actúa con apego a determinadas corrientes de poder, como el de los Gabinistas-Diodoristas.

No es casual que muchos abogados operadores de estos grupos ahora estén engrosando la nómina de asesores en el TSJ. Dado que no hay muchos espacios laborales para los políticos chapulineros que regresan después de haber trabajado en Puebla, la presidenta del Poder Judicial se las ingenia para liberar algunas plazas. Por ejemplo, me dicen que a los trabajadores de confianza con muchos años les pide que renuncien a cambio de un puesto de base. El problema es que al interior del sindicato empiezan los resquemores y pueden generarle un conflicto a la señora presidenta.

Mientras avanzan los reajustes en el Poder Judicial que implementan algunos abogados del equipo del jurista Roberto Pedro Martínez asesor de cabecera el ex gobernadorDiódoro Carrasco Altamirano, otro tema peliagudo pulula por los pasillos del TSJ: la presencia de los seis magistrados conocidos como “espurios” que, para variar, obedecen a pie juntillas a los intereses de los gabinistas.

Lo paradójico es que en lo que se considera “templo del saber de la jurisprudencia”, la designación de esos seis magistrados está envuelto en lo más aberrante de la ilegalidad.

Al terminar su función como magistrados del Tribunal Estatal Electoral cuando el Senado de la República adquirió la facultad constitucional de designar nuevos magistrados de este tribunal, hasta se ampararon. No querían perder la chamba Ana Mireya Santos, Luis Enrique Cordero, Camerino Patricio, Abel Alvarado Vásquez, René Hernández, Sonia Ireta Jiménez.

Los seis obtuvieron nombramiento de magistrado solo por la voluntad del entonces gobernador Gabino Cue, por encima de lo que ordena la ley: que debe ser el pleno del Congreso el que los designe después de un proceso que parte de una convocatoria. Bastó un nombramiento personal “espurio” (de allí parte el mote) firmado por la entonces diputada panista Lesly Jiménez quien presidía la Comisión de Hacienda del Congreso local.

Así los hizo magistrados contraviniendo lo que ordena la Constitución. El magistrado presidente de entonces, Alfredo Lagunas, los integró en el 2016 sin hacer caso a las réplicas de algunos magistrados del TSJ que señalaron la ilegalidad y hasta les creo una sala llamada de “asuntos indígenas”. La cuestión era darles chamba.

Ante tantas evidencias de que el nombramiento de “los espurios” fue contra la ley, crece el rumor de que solo falta la voluntad política para enderezar este entuerto que deja muy mal parado al llamado Poder Judicial.

EL SALTO DEL CHAPULÍN

Al interior del cartel 22 vuelve a brotar la cloaca como consecuencia del tráfico de plazas que disfrazan ahora como “incidencias administrativas”.

Ante las quejas de miles de “maestros” que pagaron por sus plazas o asignación de horas-clase y no les han cumplido, la SEP designó a un grupo de altos funcionarios encabezados por el director de Planeación y Control Presupuestal Raúl Chao Ornelas, para revisar casuísticamente los casos y oh sorpresa.

Encontraron casos de evidente corrupción como el caso de unos cinco mil maestros que pagaron por una plaza y el cartel 22 les incumple.

Como evidencia está la sanción impuesta al auxiliar del nivel de primarias Abner Chávez Hernández por la asamblea estatal. Lo acusaron de haber cobrado más de cien mil pesos a cambio de conseguir una plaza docente la cual no pudo cumplir. El caso fue llevado a la Comisión de Honor y Justicia del cartel 22. Tras una investigación dictaminó aplicarle el principio rector 20 y expulsarlo de sus filas, pero sigue “trabajando”.

En el mismo sentido profesores de secundarias técnicas han denunciado a través de las redes sociales a sus representantes de trabajo y conflictos: Gonzalo Toledo Cruz, luz María Rivero y Antonio Hernández Reyes, por prácticas de corrupción en la asignación de horas clase.