A la alta burocracia no le importa cancelar las pensiones de los trabajadores del gobierno de Oaxaca, quienes estarían condenados a una vejez precaria, de ser desposeídos de lo que en años de trabajo aportaron para tener un final de vida digno. Hace unas semanas el gobierno anunció que para 2021, el año que viene, se cancelaría su Sistema de Pensiones.
Que no lloren y se lamenten al final, empleados y empleadas, por lo que hoy no saben defender. Es evidente que la actual dirigencia del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO) está entregada al patrón. Sólo hay que ver el enriquecimiento del actual líder con su magna residencia en Tlalixtac.
Mientras el secretario general del sindicato, Juan Ignacio Cruz Villavicencio y Juan Rosas, el mandón tras el trono, con una residencia más grande en Cuilapan, aseguran una vida de riquezas para ellos y otras generaciones de sus familias, sus representados podrían llegar a pasar al régimen de AFORES que paga pensiones de apenas 3 mil pesos mensuales.
Sólo esa flamante residencia del empleado de gobierno del estado, Cruz Villavicencio, tiene un costo de varios millones de pesos. Y por ahí anda la de Rosas también. Casas que pasarían por la de un rico empresario, un temerario narcotraficante o un exitoso político corrupto.
Lo anterior no se explica con el sueldo mensual de unos 20 mil pesos del modesto burócrata, Villavicencio, con categoría 13 C de la Unidad de Catastro de la Secretaría de Finanzas. No, pues tampoco tiene negocios formales aparte. Con menor cuantía un numeroso grupo de delegados sindicales reciben canonjías y privilegios por actuar contra sus compañeros.
No fue extraño que el viernes pasado, grupos de burócratas inconformes con la “pasividad” de sus representantes sindicales protestaran contra las intenciones de desaparecer su sistema de pensiones. En las puertas de la Ciudad Administrativa y en otras sedes pagaron cartulinas en contra de quienes llamaron traidores.
Si bien el asunto de la Oficina de Pensiones es central, a la que reclaman se aplique una auditoría, también exigieron que en la actual revisión del Contrato de Trabajo, se restituya el tabulador de sueldos; se les otorgue el 20 por ciento de aumento salarial establecido a nivel nacional; auditoría al comité ejecutivo en funciones del STPEIDCEO de las cuotas sindicales. Cinco puntos.
Manifestaron que desde hace 12 años un grupo se adueñó del sindicato, no para defender a los trabajadores sino para lucrar con ellos. En todos esos años la base trabajadora permitió tal estado de cosas, votó por quienes hoy llaman traidores y corruptos. Esa base trabajadora es responsable de que pueda perder su sistema de pensiones, con el dudoso argumento que está en quiebra. A menos que despierten, pagarían su sumisión con una vejez paupérrima, en ruinas.
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