Los acuerdos de la reciente asamblea estatal de la Sección XXII del SNTE, realizada del 18 al 19 de agosto, si bien fueron bastante previsibles, muestran algunos focos rojos.

En primer lugar hay que señalar que los acuerdos de la asamblea plenaria del comité ejecutivo seccional, en los últimos tres años, han funcionado como un dispositivo que pretende cohesionar a los diferentes grupos al interior del sindicato. En años anteriores, esta función la jugaba la llamada “Amplia”, que además de los miembros del comité ejecutivo seccional, integraba a los jefes de los grupos más importantes.

El dispositivo de cohesión se complementa con el carácter mixto y permanente de la asamblea estatal, que podría representarse con la imagen de una pistola abastecida, con una bala en la recámara y sin el seguro del percutor.

La combinación de ambas medidas, una de cohesión y otra de disparo, responde a la debilidad de la actual comisión política que con un adecuado equilibrio de ambas medidas, asegura su posición como interlocutor ante el gobierno del estado.

El triunfo avasallador de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido MORENA, ha obligado a la Sección XXII a fijar un blanco adicional al gobierno del estado: el escenario nacional y la relación con el próximo presidente de la república, con quien creen tener un acuerdo y una relación directa.

La pasada asamblea estatal que hizo un receso cerca de las cuatro de la mañana del domingo 19 de agosto, definió una estrategia de acción con dos armas cargadas: una apunta a la cabeza del gobierno del estado y otra a los pies del próximo ejecutivo federal.

Le guste o no a la actual dirigencia de la Sección XXII, se plegarán a la estrategia marcada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que no confía en las promesas de AMLO y está llamando a la movilización nacional sin descartar un eventual diálogo con el futuro presidente; sobre todo ahora que aparece la amenazante figura de Elba Esther Gordillo, reforzada por sus lazos con quien será secretario de educación pública.

La segunda arma, como se ha dicho, apunta al gobierno del estado, a quién presionarán con una movilización el 1 de septiembre con el 80% de la membresía del sindicato, para que acepte la ley-Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO). En entregas anteriores, señalé la fecha como crucial.

La Sección XXII se moviliza para presionar a los diputados locales electos y participar en la consulta nacional sobre la reforma educativa actual, desempolvando los resultados de sus 37 foros en los que sustentaron su propuesta de ley-PTEO en el 2013. La presión será directa sobre el gobernador del estado, con el acompañamiento o no de la nueva legislatura local.

Mientras tanto, los directivos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) duerme el sueño de los justos con ocasionales pesadillas por las grillas internas; lo cierto es que están dejando que se acumulen problemas reales que les podrían explotar en la cara en este inicio de clases.

Entre tanto, comienza el éxodo de maestros de las secciones 59 y la del llamado Sindicato Independiente hacia la Sección XXII y la dirigencia de esta última se prepara para recibirlos; en otras palabras, el IEEPO se quedará con menos clientela y menos docentes que le obedezcan.

Así las cosas, el 1 de septiembre veremos marchar por las calles de la Ciudad de México, a miles de maestros de la CNTE, entre ellos a los oaxaqueños, gritando consignas contra la reforma educativa y contra el presidente Enrique Peña Nieto, con la intensión de que Andrés Manuel López Obrador tome nota y se percate de la fuerza que puede tener a favor o en contra.