Si hay algo que ha lastimado y sigue lastimando a los oaxaqueños, es la impunidad con la que actúan ciertos grupos, organizaciones, gremios y otros. Algunos ya cebados sobre el pueblo inerme. En el gobierno anterior, como si fuera un mérito notable, se dijo a los cuatro vientos que jamás se había usado la fuerza pública. En éste, ya se han dado muestras de que no se habrán de tolerar excesos y atropellos. Pero con los vándalos disfrazados de normalistas, parece que han doblado las manos.

Si partimos de la premisa de que los gobernantes son los mejores informados de la sociedad, no se puede poner en tela de juicio el señalamiento del ejecutivo estatal, a su correligionario de Morena, el diputado federal, Irán Santiago Manuel, como el principal instigador de esta actitud provocadora. Normalistas, como otros sectores estudiantiles, son utilizados como carne de cañón. No pocas veces hasta sacrificados para sacar raja política o prebenda económica por parte de sus titiriteros.

El caso de Ayotzinapa, en cuya investigación han fracasado tanto neoliberales como transformadores, pues la verdad sigue siendo un misterio, fue un duro golpe para el pueblo mexicano. Pero tal parece que la lección nunca fue aprendida. Hay que ver sólo los atropellos y provocación para darse cuenta que no actúan por convicción ni en exigencia de demandas legítimas, sino como mercenarios que pelean por la paga. La infiltración de delincuentes se puede constatar con los desmanes de jóvenes intoxicados con marihuana.

Sólo bajo esos efectos queman llantas, secuestran a diario unidades del transporte urbano, cierran calles y avenidas, golpean a personas de la tercera edad o secuestran funcionarios. Pero hoy como en el pasado, parecen tener la etiqueta de intocables. Una y otra vez, en medios impresos, electrónicos y redes sociales, el pueblo ha exigido al gobierno estatal ponerles un hasta aquí. Si en efecto nadie está por encima de la ley, esa política de que a unos sí se les desaloja y a otros no, es tan ofensiva como la impunidad que arrastran.

Existe un pleno convencimiento de que el bono democrático no es un cheque en blanco; tampoco es perpetuo. Si el gobernador fue al inicio de su gestión aplaudido al desalojar a las triquis que durante doce años se apropiaron de los pasillos del Palacio de Gobierno, no esperemos que haya rechifla ante los atropellos a los derechos humanos del ciudadano de pie, por parte de esta caterva de vándalos y viciosos, denominados normalistas, sin que el gobierno aplique la ley y actúe en consecuencia, sin dejar impune al titiritero diputado que dice y repite que es inocente de las acusaciones. (JPA)